La violencia de la patronal

En los últimos meses hemos asistido a un proceso de Diálogo Social entre Gobierno, patronal (CEOE y CEPYME) y sindicatos (CCOO y UGT), que si bien había seguido un camino harto tortuoso, ha terminado quebrándose abruptamente debido a las agresivas propuestas de la patronal y su más violenta aún postura negociadora. Siempre, con la connivencia del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Resulta particularmente lamentable esta acción patronal, teniendo en cuenta que han sido los propios empresarios, ya sea del ámbito financiero o de la construcción, los que han propiciado esta crisis o bien los que han hecho posible que la misma golpeara con especial virulencia en España. Por el contrario, los que han sufrido principalmente sus efectos han sido los trabajadores, prácticamente duplicándose el número de parados en el último año y medio, y deteriorándose o congelándose las condiciones laborales y salariales de aquellos que afortunadamente no han perdido su empleo.
La tibia respuesta inicial del Ejecutivo ante la crisis, financiando y apoyando a los bancos y a las empresas del sector de la construcción para que salieran a flote y dejando a los designios de éstas a los trabajadores, iba precedida de un llamamiento de Díaz Ferrán, caudillo patronal, a que se hiciera un “paréntesis en la economía de mercado”, para dar mayor protagonismo a la intervención estatal. No es que los empresarios se hubieran vuelto comunistas, claro está, sino que lo que solicitaban era una buena inyección de liquidez por parte del Estado, mediante el dinero aportado por los ciudadanos y sin ninguna contraprestación por su parte. Todo ello para poder perpetuar unos beneficios escandalosos al mínimo coste, que recordemos, no son obra excepcional de cuatro brokers y un pocero codicioso, sino que es condición necesaria e inherente al sistema económico capitalista, neoliberal y globalizador, que busca debilitar el Estado a su mínima expresión, como perro guardián de los intereses del capital, legislando y controlando a la población en beneficio de dichos intereses.
Pues bien, algunas de las principales propuestas que en forma de puñetazo a la negociación trasladaron a la Mesa del Diálogo Social, eran las siguientes:
§ Reducción del 5% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social, lo que supondría entre 15.000 y 18.000 millones de euros menos anuales en sus arcas, destinadas principalmente, como bien se sabe, al pago de las pensiones de la población inactiva y a la cobertura de las bajas laborales de los trabajadores. Tratan de debilitar la Seguridad Social, al mismo tiempo que lanzan profecías sobre su insostenibilidad más allá de 2015. Todo con la intención de que nos hagamos sus Planes de Pensiones privados, planes por otra parte volátiles dentro de la burbuja financiera en la que nos encontramos y que han hecho a muchas personas perder sus pequeños ahorros acumulados durante muchos años. Y de esta manera, continuar con su acumulación anónima de capital.
§ Otra propuesta era la de abaratar el despido a un máximo insostenible, mediante un contrato único de indemnización creciente, eufemísticamente llamado Contrato del Siglo XXI, que haría tan barato despedir que los trabajadores nos veríamos aún más expuestos a la explotación y la inseguridad laboral, esa que nos han disfrazado durante todo este tiempo de flexibilidad. ¿Cómo acabar con la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales? Para la patronal y algunos expertos de los think thank neoliberales (que acechan peligrosamente también en el ámbito académico y la administración pública) es muy sencillo: convertir a todos los trabajadores en carne de cañón, sujetos a la volatilidad de las fases de producción, o a los designios y antojos de un empresario, un gerente o cualquier otra autoridad tecnócrata de la empresa.
§ Pero no sólo abaratar el despido, sino que el llamado actualmente despido improcedente dejara de considerarse como tal, y estuviera fuera del arbitrio de los tribunales de justicia. Sencilla y llanamente, despido libre para todos. ¿Alguien se puede creer que la mejor manera de combatir el paro es mediante el despido libre? ¿Se puede pensar que si el despido es libre, se despedirá menos? Esta propuesta, como las demás, deja clara la visión de los trabajadores que tiene la CEOE. Para ellos no somos ciudadanos, sino recursos humanos, meras mercancías que se pueden comprar y vender; a veces una inversión, otras un objeto en desuso del que prescindir, en función de su productividad. Es la cosificación y la reducción de los derechos del ciudadano-trabajador a su mínima expresión, despojado de toda dignidad.
§ Por último, me gustaría mencionar otra de sus propuestas: sustituir a la Seguridad Social en el seguimiento de las bajas laborales, efectuándose en su lugar por la Mutua de cada empresa. Esta iniciativa también tiene un componente perversamente violento: pretende eliminar la neutralidad en el seguimiento de una baja por parte de la Seguridad Social por las Mutuas, que se encuentran al servicio de la empresa, con la intención de reducir al máximo el tiempo de baja, sin que necesariamente se garantice una recuperación digna de la salud del trabajador. Se trata, de nuevo, de reducir al máximo el derecho del trabajador a ponerse enfermo, y a ser tratado adecuadamente por ello, como cotizante a la Seguridad Social, cubriendo ésta prácticamente todas sus necesidades económicas durante el período de baja. Por mi propia experiencia personal, puedo imaginar con bastante clarividencia los efectos indeseables que tendría esta medida para los trabajadores, deteriorando significativamente su calidad de vida y dificultando su rehabilitación o mejora en la salud, sólo para reducir al máximo el tiempo de baja.

Como podemos ver, la postura de la Patronal no puede tacharse de otra manera que de acción violenta, una extorsión criminal hacia los trabajadores, destinada nada más y nada menos que a debilitar sus derechos sociales y laborales, ya de por sí exiguos, aprovechando una coyuntura económica adversa. Este chantaje nace con la única intención de seguir acumulando beneficios (que en muchas ocasiones van destinados a paraísos fiscales y/o no son declarados a Hacienda). No podemos olvidar que son los derechos sociales los que vertebran la ciudadanía y, por ende, el Estado; que son estos derechos sociales los que, tras décadas de lucha de los trabajadores de todo el mundo, los que nos han permitido obtener servicios públicos universales e iguales para todos: sanitarios, educativos, sociales… Como decía T. H. Marshall, son los que nos convierten en ciudadanos en igualdad de condiciones, frente a las desigualdades del sistema de clases capitalista.
Pero ni nace ni acaba todo en la mesa de negociación colectiva. Las luchas se expanden y se multiplican. Esa violencia del poder privado (como así la han denominado Pisarello y Assens en un artículo en Público el 19 de julio de 2009) se da si cabe con más fuerza y de un modo más directo, en el estiramiento de la jornada laboral de la mayoría de los trabajadores, en la congelación de los salarios y, sobre todo, en los despidos masivos por medio de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por empresas que han obtenido cuantiosos beneficios y con el beneplácito de la administración pública. Ayer mismo asistíamos al despido masivo de 698 trabajadores de NISSAN en Cataluña, mediante un ERE efectuado con el beneplácito del gobierno progresista de la Generalitat (Público, 31 de julio de 2009). Todo ello, de un día para otro, sin previo aviso, excepto para los afortunados que fueron avisados mediante una llamada telefónica la noche anterior. Por lo tanto, miles de personas, sumando a los familiares, sienten ahora mismo en sus propias carnes la violencia de una empresa que se ha beneficiado sustanciosamente de las ayudas públicas realizadas al sector del automóvil. La reacción espontánea de los trabajadores fue manifestarse en el centro de Barcelona, cortando el tráfico en el centro de la ciudad para hacer visible su situación injusta, chivos expiatorios de la lucha competitiva de la empresa en la que trabajaban. ¿Se solidarizarían los peatones con su causa?
Llegado a este punto cabe preguntarnos lo siguiente; ¿Es la patronal la única culpable de todo esto? Por supuesto que no. Ya hemos mencionado cómo el Gobierno ha tomado medidas frente a la crisis que sólo han servido para oxigenar a las empresas y a los bancos, sin tener efectos reales para los ciudadanos. Medidas destinadas a perpetuar un modelo, más que a cambiarlo. No cabe duda de ello si tenemos en cuenta que además de estos paquetes de medidas anticrisis, se ha reducido en los últimos años el Impuesto de Sociedades a las empresas, así como suprimido el Impuesto de Patrimonio, argumentando que era inútil e ineficaz, en tanto que las grandes fortunas acaparadoras de patrimonio y bienes inmuebles hábilmente se los saltaban. Por lo tanto, eliminan este impuesto, en lugar de financiar la lucha contra semejantes delitos fiscales, que cada año reducen en miles de millones de euros la recaudación de las arcas del Estado. Resultado: una de las presiones fiscales más bajas de Europa, y cada vez más desigual y menos redistributiva.
Pero también son los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, USO), en parte culpables de esta situación. Sus ataduras a este Gobierno (y a los anteriores), así como a la patronal, son más que evidentes. Lo podemos comprobar al observar su estrategia de negociación en la mesa del Diálogo Social, o en las diferentes negociaciones colectivas de las que forman parte. Éstos, no buscan tanto mejorar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, como conservar los derechos y condiciones ya existentes, por muy débiles que sean, siempre dispuestos a ceder en sus reivindicaciones de que todo siga como está, para llegar a un acuerdo que se selle con foto y apretón de manos.
Frente a esta crisis y frente a la acción violenta del poder privado (en forma de paro y precariedad laboral), se necesita una acción colectiva, contundente y reivindicativa por parte de los trabajadores. No sólo para conservar lo que ya tenemos, sino para aspirar a mejoras sociales y laborales, para fortalecer y ampliar nuestros derechos sociales universales e inalienables y garantizar y mejorar unos servicios públicos deteriorados por la privatización neoliberal que asola a nuestras administraciones. ¿Será esto posible? ¿Son viables en este contexto las movilizaciones y manifestaciones masivas, las huelgas generales? Nos encontramos con una clase trabajadora cada vez más desunida, que no se identifica con los sindicatos mayoritarios ni cree que éstos realmente luchen por los intereses de los trabajadores. La atomización y segmentación laboral debilita la lucha sindical de clase, frente al auge del corporativismo de los colegios profesionales. Pero es ahora, más que nunca, cuando se necesita esa acción colectiva de los trabajadores, que reivindiquen unidos sus derechos por medio de sindicatos o cualesquiera otras formas de organización que defiendan realmente sus intereses comunes. La participación pública, activa y solidaria, es la que nos identifica como ciudadanos, la que fortalece y hace real la democracia, la que posibilita los cambios sociales. Hagamos lo posible, entonces, para que nos escuchen.