Las recientes movilizaciones que están teniendo lugar en un gran número de lugares de España, están siendo un ejemplo de democracia para el sistema y para todos los políticos, tanto en sus contenidos (con propuestas que quieren rehabilitar el sistema democrático y acabar con la hegemonía de los intereses del mercado en la toma de decisiones políticas) como, y sobre todo, en sus formas. Unas prácticas realmente democráticas, participativas y horizontales, en las que nadie está por encima de nadie, no hay jerarquías, sino que se toman decisiones a través de los consensos que, de manera dialéctica, se alcanzan en las asambleas. El principio de competitividad ha sido sustituido por el de la solidaridad y todo el mundo hace esfuerzos por apoyar al otro y a la colectividad, de manera individual o participando en las diferentes comisiones que se están desarrollando: información, legal, comunicación, extensión, acción, comida, infraestructura, limpieza...
La ignorancia (real o intencionada) de los analistas de las gacetas y de los tertulianos de la televisión les hará analizar este fenómeno de una manera simplona, desde la lógica de la inmediatez, y se encargarán de deslegitimarlo (como ya están haciendo ahora), una vez que como previsiblemente sucederá, no evitará la hegomonía PPSOE en las elecciones municipales ni autonómicas.
Pero aunque el impacto de este movimiento no se podrá evaluar a corto plazo, sí que habrá algunas claves en estas elecciones que demostrarán mayor influencia que la aparente o la que nos van a querer vender desde los medios de comunicación convencionales y la tiranía del pensamiento único. Así, las movilizaciones, más que proporcionar que gane un partido político u otro, nos dará indicadores de ruptura con el bipartidismo y de rechazo a la clase política actual. ¿Dónde podremos encontrarlos? En diferentes espacios clave: el descenso (o no) proporcional en los votos a los hegemónicos PSOE y PP , el aumento (o no) de la abstención, el aumento (o no) del voto en blanco, el del voto (deliberadamente) nulo (que al contrario de lo que algunos piensan, no siempre se realiza por desconocimiento sino que muchos lo utilizan para manifestar un radical descontento), el aumento (o no) del voto a los partidos minoritarios (que en buena parte están también sujetos a las lógicas de la burocracia política), el aumento (o disminución) de los votos a las izquierdas, el aumento (o disminución) de los votos a las derechas... En fin, seguro que comparando con otras autonómicas y municipales, y con otras elecciones (aunque con europeas y generales hay que salvar las distancias), podremos encontrar cambios de tendencia en el voto. Sería ingenuo pensar que este movimiento democrático va a lograr de forma abrupta un cambio electoral, igual que sería absurdo desilusionarse por ello y renunciar a continuar con la movilización. Tras estas elecciones, probablemente seguirán siendo predominantes PSOE y PP, aunque como decíamos, empezaremos a apreciar algunos cambios.
Tal vez importantes transformaciones se reflejarán más a medio plazo. Y aunque puede que tengan lugar en muchas esferas de la política, a buen seguro que también tendrán lugar en las citas electorales. Quizá en las generales, sobre todo si de estas movilizaciones sale un movimiento político que se presente en coalición electoral y horizontal por "una democracia real ya!!!", desde la transparencia y sin oscuros intereses de poder por parte de unos pocos. Seguro que les votaría mucha gente descontenta que apostara por el cambio, pero tal vez habría gente que sintiera traicionado el espíritu espontáneo y ainstitucional del movimiento que ahora estamos viviendo desde el 15 de marzo.
Es muy pronto para saberlo, pero es probable que a partir del 22 de mayo tengamos algunas pistas. Desde La Bombilla Verde trataremos de realizar un análisis postelectoral que analice esas pistas en nuestro próximo boletín de "La Bombilla Verde Informa". Permaneced atentos/as, porque ahora está más cerca el cambio, podemos divisarlo en el horizonte.
Artículo realizado por Eduardo DV para La Bombilla Verde
jueves, 19 de mayo de 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
Foro de Políticas Sociales e Inclusión Sábado 12 Febrero
Este sábado 12 de Febrero (de 10:30 a 18:30), en la Escuela de Relaciones Laborales, C/ San Bernardo 49 (Metro Noviciado), se celebra el Encuentro "DERECHOS SOCIALES: AVANZANDO POR LA IZQUIERDA", organizado por el Foro de Políticas Sociales e Inclusión para la Refundación de la Izquierda.
El Encuentro, concebido como un espacio abierto de trabajo y reflexión para definir propuesta de izquierda relacionadas con las políticas sociales, la lucha contra la desigualdad y la participación ciudadana, contará con la presencia de profesionales de los servicios sociales, miembros de movimientos sociales, así como de expertos como Demetrio Casado. Para más información, pincha aquí.
En medio de una crisis estructural originada por un sistema económico que genera desigualdades y en el que se prima la competencia y la maximización de beneficios de unos pocos frente a la cooperación y la redistribución, consideramos que ahora es más importante que nunca plantear una respuesta desde la izquierda que más allá de salvar las conquistas sociales anteriormente conseguidas, reconstruya el sueño de una Europa solidaria y socialmente justa, con un Estado de Bienestar fuerte y redistributivo que garantice a todos los ciudadanos sus derechos sociales y en el que todos puedan participar como ciudadanos libres e iguales.
Anímate a participar, tu opinión es muy importante.
El Encuentro, concebido como un espacio abierto de trabajo y reflexión para definir propuesta de izquierda relacionadas con las políticas sociales, la lucha contra la desigualdad y la participación ciudadana, contará con la presencia de profesionales de los servicios sociales, miembros de movimientos sociales, así como de expertos como Demetrio Casado. Para más información, pincha aquí.
En medio de una crisis estructural originada por un sistema económico que genera desigualdades y en el que se prima la competencia y la maximización de beneficios de unos pocos frente a la cooperación y la redistribución, consideramos que ahora es más importante que nunca plantear una respuesta desde la izquierda que más allá de salvar las conquistas sociales anteriormente conseguidas, reconstruya el sueño de una Europa solidaria y socialmente justa, con un Estado de Bienestar fuerte y redistributivo que garantice a todos los ciudadanos sus derechos sociales y en el que todos puedan participar como ciudadanos libres e iguales.
Anímate a participar, tu opinión es muy importante.
viernes, 22 de octubre de 2010
Curso sobre Planificación de Proyectos y Programas de Intervención Social
Hola a todos/as,
Durante los miércoles y jueves del mes de noviembre, en horario de 17 a 20, voy a dar un curso sobre "Planificación de proyectos y programas de intervención social" en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, cuyo plazo de inscripción aún continúa abierto.
Planificación de Proyectos y Programas de Intervención Social
Duración: 24 horas
Días: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de Noviembre Horario de 17,00 a 20,00 horas
Precio: 115 € Precio para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 92 €
Docente: Eduardo Díaz Velázquez
El curso pretende dotar a los alumnos/as de las herramientas básicas para la realización de proyectos y programas sociales y planificar la intervención social. Asimismo, pretende acercar a los alumnos/as unos conocimientos generales sobre planificación estratégica.
Si estáis interesados, para apuntarse al curso u obtener más información sobre el mismo, podéis consultar en la siguiente página web: http://www.comtrabajosocial.com/index.asp?tp=2&pag=for&sub=fcur
Si creéis que a alguien que conocéis le podría interesar, por favor, reenviad esta información.
Gracias
Durante los miércoles y jueves del mes de noviembre, en horario de 17 a 20, voy a dar un curso sobre "Planificación de proyectos y programas de intervención social" en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, cuyo plazo de inscripción aún continúa abierto.
Planificación de Proyectos y Programas de Intervención Social
Duración: 24 horas
Días: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de Noviembre Horario de 17,00 a 20,00 horas
Precio: 115 € Precio para Trabajadores/as Sociales colegiados/as: 92 €
Docente: Eduardo Díaz Velázquez
El curso pretende dotar a los alumnos/as de las herramientas básicas para la realización de proyectos y programas sociales y planificar la intervención social. Asimismo, pretende acercar a los alumnos/as unos conocimientos generales sobre planificación estratégica.
Si estáis interesados, para apuntarse al curso u obtener más información sobre el mismo, podéis consultar en la siguiente página web: http://www.comtrabajosocial.com/index.asp?tp=2&pag=for&sub=fcur
Si creéis que a alguien que conocéis le podría interesar, por favor, reenviad esta información.
Gracias
lunes, 24 de agosto de 2009
La poesía es un arma cargada de pasado, presente y futuro
El calor de la tarde tensa la espera.
Revolotean grises nostalgias de otro tiempo
Y premoniciones de una nueva era.
La soledad tranquila agita el desaliento.
En el refugio fértil del guerrero inútil
Las palabras fluyen y se encadenan,
Amarras se tornan de un cuerpo dócil
Que quedó anclado a la primavera.
Mas me preguntaba si en esta vorágine
Quedará aún un sitio para los poetas,
Aquellos que frenan cuando el mundo parte
Veloz a un futuro de esperanzas muertas.
Yo también fui ágil; corrí, ya lo creo.
Y quise cumplir con todos los frentes.
Sufrí las espinas en cada sendero
Tal como aguijones que hoy pueblan mi vientre.
Ahora que soy frágil, no obstante, descubro
Que la fragilidad nos hace más fuertes.
Y en la retaguardia, herido, me nutro
De las reflexiones que hoy pueblan mi mente.
En melódicas urbes arde el desamparo,
Los campos desnudan su voz a los intrépidos.
El mundo giró y llegó al mismo lado
Enturbiando de nuevo los sueños de los muertos.
En homenaje a Ken Saro-Wiwa, poeta y activista nigeriano, que denunció los delitos medioambientales de la petrolera Shell en su país y fue ejecutado junto a otros ocho activistas del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) en Noviembre de 1995.
Revolotean grises nostalgias de otro tiempo
Y premoniciones de una nueva era.
La soledad tranquila agita el desaliento.
En el refugio fértil del guerrero inútil
Las palabras fluyen y se encadenan,
Amarras se tornan de un cuerpo dócil
Que quedó anclado a la primavera.
Mas me preguntaba si en esta vorágine
Quedará aún un sitio para los poetas,
Aquellos que frenan cuando el mundo parte
Veloz a un futuro de esperanzas muertas.
Yo también fui ágil; corrí, ya lo creo.
Y quise cumplir con todos los frentes.
Sufrí las espinas en cada sendero
Tal como aguijones que hoy pueblan mi vientre.
Ahora que soy frágil, no obstante, descubro
Que la fragilidad nos hace más fuertes.
Y en la retaguardia, herido, me nutro
De las reflexiones que hoy pueblan mi mente.
En melódicas urbes arde el desamparo,
Los campos desnudan su voz a los intrépidos.
El mundo giró y llegó al mismo lado
Enturbiando de nuevo los sueños de los muertos.
En homenaje a Ken Saro-Wiwa, poeta y activista nigeriano, que denunció los delitos medioambientales de la petrolera Shell en su país y fue ejecutado junto a otros ocho activistas del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) en Noviembre de 1995.
lunes, 17 de agosto de 2009
Carta a RTVE sobre las retransmisiones deportivas
Estimados señores y señoras de RTVE:
Les escribo porque me parece lamentable el trato dado a los Mundiales de Atletismo que se están celebrando en Berlín en estos momentos, pues creo que no están teniendo la cobertura que merece un evento deportivo a nivel mundial como este.
Mientras, en La 2 y Teledeporte hemos asistido a un gran número de eventos en diferido que ya fueron retransmitidos (como el partido de tenis Nadal-Del Potro o el partido de fútbol de la Premier entre Blackburn y Manchester City), eventos retransmitidos simultáneamente por dos canales de RTVE (como el GP de motociclismo, al mismo tiempo por La1 y Teledeporte) o eventos de evidente menor trascendencia que unos mundiales de atletismo (como una carrera cualquiera de Turf en España). Por lo tanto, les pediría que considerasen rectificar los criterios de priorización de sus retransmisiones, no basándose exclusivamente en criterios de rentabilidad económica, como hacen ahora, sino pensando en la promoción del deporte, dándonos como mínimo la oportunidad de seguir en directo todas las actuaciones de los atletas españoles y las finales de todas las pruebas. No como ahora, que la mayoría de las retransmisiones han sido en diferido o resumidas, como las semifinales de 3.000 m obstáculos femeninos o la mismísima final de 20km marcha femeninos.
Innegablemente, no nos engañen, en esta priorización de contenidos entran en juego fundamentalmente los intereses económicos y publicitarios que implican la retransmisión (incluso en dos canales o en diferido) del fútbol y el motociclismo (atestados de publicidad en las vallas, las motos, los cascos, los monos…) o del Tenis (y la publicidad asociada al fenómeno "Rafa Nadal", con anuncios de Banesto, Mapfre, etc. en las pausas de cada retransmisión). Y os preguntaréis… ¿y el Turf? Pues muy sencillo, el Turf (o carreras de caballos) tienen una retransmisión prioritaria un sábado por la tarde en La2 de Televisión Española porque sus apuestas forman parte de la Red de Loterías y Apuestas del Estado, y hay que hacer caja. Está claro que RTVE sólo se fija en el rédito económico. Como radio-televisión pública, creo que han de fijarse en algo más que el rédito económico y la audiencia y darnos la posibilidad a los telespectadores y seguidores del atletismo, a disfrutar de un evento a nivel mundial, como es éste que se celebra en Berlín.
Les pediría que, por favor, como radio-televisión pública, en parte financiada a través de los impuestos de todos los ciudadanos, piensen más en los intereses deportivos y menos en los económicos (publicitarios) y traten de satisfacer los intereses y gustos de toda la población, minorías incluidas. Lo mismo podríamos decir sobre el ninguneo del Piragüismo…
Pero más allá de los deportes, podríamos referirnos a la escasez de programas culturales, sociales, educativos… ¿Dónde está la labor de sensibilización, el esfuerzo por la información veraz y plural, que debería dar una televisión pública? ¿Por qué se basan exclusivamente en criterios estrictamente económicos? ¿Por qué han de ser como Telecinco, Antena 3… o por qué competir con ellos? ¿La Televisión Pública, financiada por todos, ha de competir en audiencia, o ha de luchar por tener unos contenidos que fomenten valores ciudadanos y humanos, como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la convivencia, la pluralidad, la interculturalidad, la protección del medio ambiente , el sacrificio y el afán de superación…? Particularmente, creo que algunos de estos valores los fomenta más el Atletismo (sólo hay que ver los abrazos sinceros de los atletas tras llegar a meta) que el Motociclismo, plagado de publicidad y de dinero, que fomenta valores antiecológicos, contrarios a la sostenibilidad medioambiental que pregonan (pero no cumplen e ignoran) nuestras autoridades.
Por no hablar del gran número de profesionales que han desaparecido en los últimos dos años tras un Expediente de Regulación de Empleo camuflado de Jubilación Anticipada de cincuentones que llevan toda la vida adquiriendo sabiduría, conocimientos y experiencia hasta convertirse en expertos de reconocido prestigio en los temas que trataban. Pero para RTVE era más barato despedirles o prejubilarles, y librarse así de costosos trienios por antigüedad. Resultado: pérdida de la calidad de contenidos del ente radiotelevisivo público.
Por favor, revisen los criterios de priorización de contenidos de sus canales televisivos y de sus cadenas de radio. Mucha gente se lo tendrá en cuenta. Muchas gracias.
(Antes de finalizar, y para hacer justicia, debo reconocer la excelente calidad de la programación nocturna ayer de La 2: muy bueno el reportaje de “En Portada” ayer domingo sobre el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría –y otras miles de personas- durante la Guerra Civil en El Salvador, así como el documental de “En Realidad” sobre Ecologistas en Acción. Al César, lo que es del César.)
Les escribo porque me parece lamentable el trato dado a los Mundiales de Atletismo que se están celebrando en Berlín en estos momentos, pues creo que no están teniendo la cobertura que merece un evento deportivo a nivel mundial como este.
Mientras, en La 2 y Teledeporte hemos asistido a un gran número de eventos en diferido que ya fueron retransmitidos (como el partido de tenis Nadal-Del Potro o el partido de fútbol de la Premier entre Blackburn y Manchester City), eventos retransmitidos simultáneamente por dos canales de RTVE (como el GP de motociclismo, al mismo tiempo por La1 y Teledeporte) o eventos de evidente menor trascendencia que unos mundiales de atletismo (como una carrera cualquiera de Turf en España). Por lo tanto, les pediría que considerasen rectificar los criterios de priorización de sus retransmisiones, no basándose exclusivamente en criterios de rentabilidad económica, como hacen ahora, sino pensando en la promoción del deporte, dándonos como mínimo la oportunidad de seguir en directo todas las actuaciones de los atletas españoles y las finales de todas las pruebas. No como ahora, que la mayoría de las retransmisiones han sido en diferido o resumidas, como las semifinales de 3.000 m obstáculos femeninos o la mismísima final de 20km marcha femeninos.
Innegablemente, no nos engañen, en esta priorización de contenidos entran en juego fundamentalmente los intereses económicos y publicitarios que implican la retransmisión (incluso en dos canales o en diferido) del fútbol y el motociclismo (atestados de publicidad en las vallas, las motos, los cascos, los monos…) o del Tenis (y la publicidad asociada al fenómeno "Rafa Nadal", con anuncios de Banesto, Mapfre, etc. en las pausas de cada retransmisión). Y os preguntaréis… ¿y el Turf? Pues muy sencillo, el Turf (o carreras de caballos) tienen una retransmisión prioritaria un sábado por la tarde en La2 de Televisión Española porque sus apuestas forman parte de la Red de Loterías y Apuestas del Estado, y hay que hacer caja. Está claro que RTVE sólo se fija en el rédito económico. Como radio-televisión pública, creo que han de fijarse en algo más que el rédito económico y la audiencia y darnos la posibilidad a los telespectadores y seguidores del atletismo, a disfrutar de un evento a nivel mundial, como es éste que se celebra en Berlín.
Les pediría que, por favor, como radio-televisión pública, en parte financiada a través de los impuestos de todos los ciudadanos, piensen más en los intereses deportivos y menos en los económicos (publicitarios) y traten de satisfacer los intereses y gustos de toda la población, minorías incluidas. Lo mismo podríamos decir sobre el ninguneo del Piragüismo…
Pero más allá de los deportes, podríamos referirnos a la escasez de programas culturales, sociales, educativos… ¿Dónde está la labor de sensibilización, el esfuerzo por la información veraz y plural, que debería dar una televisión pública? ¿Por qué se basan exclusivamente en criterios estrictamente económicos? ¿Por qué han de ser como Telecinco, Antena 3… o por qué competir con ellos? ¿La Televisión Pública, financiada por todos, ha de competir en audiencia, o ha de luchar por tener unos contenidos que fomenten valores ciudadanos y humanos, como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la convivencia, la pluralidad, la interculturalidad, la protección del medio ambiente , el sacrificio y el afán de superación…? Particularmente, creo que algunos de estos valores los fomenta más el Atletismo (sólo hay que ver los abrazos sinceros de los atletas tras llegar a meta) que el Motociclismo, plagado de publicidad y de dinero, que fomenta valores antiecológicos, contrarios a la sostenibilidad medioambiental que pregonan (pero no cumplen e ignoran) nuestras autoridades.
Por no hablar del gran número de profesionales que han desaparecido en los últimos dos años tras un Expediente de Regulación de Empleo camuflado de Jubilación Anticipada de cincuentones que llevan toda la vida adquiriendo sabiduría, conocimientos y experiencia hasta convertirse en expertos de reconocido prestigio en los temas que trataban. Pero para RTVE era más barato despedirles o prejubilarles, y librarse así de costosos trienios por antigüedad. Resultado: pérdida de la calidad de contenidos del ente radiotelevisivo público.
Por favor, revisen los criterios de priorización de contenidos de sus canales televisivos y de sus cadenas de radio. Mucha gente se lo tendrá en cuenta. Muchas gracias.
(Antes de finalizar, y para hacer justicia, debo reconocer la excelente calidad de la programación nocturna ayer de La 2: muy bueno el reportaje de “En Portada” ayer domingo sobre el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría –y otras miles de personas- durante la Guerra Civil en El Salvador, así como el documental de “En Realidad” sobre Ecologistas en Acción. Al César, lo que es del César.)
jueves, 6 de agosto de 2009
Inmigrantes con discapacidad en España: una doble vulnerabilidad a la exclusión
En la última década, la población inmigrante en España ha crecido significativamente, superando los 5 millones (más de un 11% de la población total) en 2008, según los datos del Padrón Municipal.
Si bien la relevancia social del fenómeno ha originado una extensa literatura sobre el tema y acaparado titulares en los medios de comunicación, existen aún algunas dimensiones del mismo que hasta ahora no han sido suficientemente analizadas. Es el caso de la situación de las personas inmigrantes con discapacidad en España, objeto de investigación de un reciente estudio publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), en colaboración con el Comité Español de Representantes con Discapacidad en España (CERMI).
En este libro hemos analizado sociológicamente las características y necesidades de los inmigrantes con discapacidad en España, basándonos en un completo trabajo de investigación mediante técnicas cuantitativas (encuestas y análisis de fuentes estadísticas) y técnicas cualitativas (entrevistas y grupos de discusión), en el que han participado inmigrantes con discapacidad y sus familiares, profesionales de servicios públicos y privados y expertos en el tema.
Aunque no existen datos de registro oficiales, estimamos que en la actualidad en España hay unos 224.391 inmigrantes con discapacidad, lo que corresponde a un 4,3% del total de inmigrantes en España.
Es comúnmente aceptado que personas inmigrantes y personas con discapacidad son dos colectivos potencialmente vulnerables a la exclusión. Es lógico, por lo tanto, que si una persona es inmigrante y, además, tiene una discapacidad, cuenta con más posibilidades de encontrarse en una doble situación de exclusión. La escasa visibilidad del colectivo así lo demuestra: como hemos podido comprobar en nuestro estudio, existen muchas dificultades para localizar y contactar con estas personas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el perfil de este colectivo es muy heterogéneo, puesto que abarca desde aquellos que no tienen apenas recursos y que se encuentran en situaciones graves de exclusión hasta la población mayor dependiente procedente de países de la Unión Europea que llegan a España buscando unas mejores condiciones climáticas en las que pasar su jubilación.
Centrándonos principalmente en el primer grupo, en este estudio hemos encontrado factores de discriminación relevantes que se relacionan tanto con la condición de discapacidad como con la de inmigrante. El empleo, la educación, la atención sanitaria o la administración y gestión de documentos son los ámbitos en los que un mayor porcentaje de la población con discapacidad se ha sentido discriminada.
Pero no es fácil hablar de principales obstáculos en un colectivo que es heterogéneo también en su procedencia (de todos los continentes), en sus características migratorias y en tipos y grados de discapacidad. Los obstáculos que se puedan encontrar van a estar influidos por múltiples variables, entre las que destacan el encontrarse o no en situación regular, el nivel socioeducativo, la red social de apoyos que tengan en España, o el tiempo que lleven residiendo aquí.
Los inmigrantes con discapacidad vienen a España mediante una decisión que normalmente se germina en el núcleo familiar. Por lo general, llegan para mejorar su calidad de vida y su situación económica, por las oportunidades de empleo y para recibir una mejor atención para su discapacidad.
Aunque buena parte vienen a España para recibir mejor atención por su discapacidad, otros muchos (casi uno de cada cuatro inmigrantes) adquieren su discapacidad ya en nuestro país, debido a enfermedades y accidentes (laborales o de tráfico). Incluso un porcentaje reducido la adquiere en el trayecto migratorio, como aquellos que sufren lesiones discapacitantes en viajes en patera o cayuco.
En términos estrictamente cuantitativos, la discapacidad por siniestralidad laboral supone un porcentaje muy reducido sobre el total de los inmigrantes con discapacidad en España. Aunque en el estudio no se recogen diferenciados los accidentes laborales y los de otro tipo, apenas el 16% de la muestra analizada ha adquirido su discapacidad de esta manera. Sin embargo, son muy importantes cualitativamente, ya que la frecuente segmentación de los inmigrantes en el mercado de trabajo dentro de los empleos denominados “3P” (más peligrosos, más penosos y más precarios), hace que aumenten sus tasas de siniestralidad. Esta es una de las cuestiones que precisan una especial atención por parte de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que esta accidentabilidad puede ser incapacitante y que no siempre va a poder dar derecho a pensiones de invalidez, sobre todo entre aquellos que no tienen su situación regularizada.
Es por lo tanto la situación jurídica uno de los factores clave que influye en la integración objetiva de los inmigrantes con discapacidad, pues ésta es la que va a posibilitar o no el acceso a los recursos sanitarios y sociales especializados que precisen para su discapacidad. Dicho acceso también se va a ver condicionado por la existencia o no de redes de apoyo informales (que favorecerían su inclusión) y por la accesibilidad de la información dirigida a este colectivo, que por lo general, es susceptible de mejora.
Por lo tanto, para facilitar la integración social de este colectivo y el acceso a las atenciones y servicios que precisan, se necesitan mejorar los canales de coordinación entre los recursos especializados de inmigración y los de discapacidad, tanto del sector público como del privado, en el marco de actuaciones integrales e individualizadas. Asimismo, deberían establecerse mecanismos que facilitaran el acceso a la atención social o sanitaria especializada a aquellos inmigrantes con discapacidad que así lo precisaran aun sin tener regularizada su situación, atendiendo a los derechos humanos fundamentales.
Apelando a la universalidad de dichos derechos, se revela también fundamental que las actuaciones vayan encaminadas a mejorar y consolidar, mediante la cooperación al desarrollo, la atención especializada y la inclusión social de las personas con discapacidad en los países de origen, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, la cual ya ha sido ratificada por más de 120 países, entre los que se incluye España y algunos de los principales países de origen de los inmigrantes con discapacidad que hay en nuestro país.
(Artículo publicado en la revista digital Activa de la Seguridad Social)
Díaz, E., Huete, A., Huete M. A. y Jiménez, A. (2009): Las personas inmigrantes con discapacidad en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Colección Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración nº 20.
Si bien la relevancia social del fenómeno ha originado una extensa literatura sobre el tema y acaparado titulares en los medios de comunicación, existen aún algunas dimensiones del mismo que hasta ahora no han sido suficientemente analizadas. Es el caso de la situación de las personas inmigrantes con discapacidad en España, objeto de investigación de un reciente estudio publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), en colaboración con el Comité Español de Representantes con Discapacidad en España (CERMI).
En este libro hemos analizado sociológicamente las características y necesidades de los inmigrantes con discapacidad en España, basándonos en un completo trabajo de investigación mediante técnicas cuantitativas (encuestas y análisis de fuentes estadísticas) y técnicas cualitativas (entrevistas y grupos de discusión), en el que han participado inmigrantes con discapacidad y sus familiares, profesionales de servicios públicos y privados y expertos en el tema.
Aunque no existen datos de registro oficiales, estimamos que en la actualidad en España hay unos 224.391 inmigrantes con discapacidad, lo que corresponde a un 4,3% del total de inmigrantes en España.
Es comúnmente aceptado que personas inmigrantes y personas con discapacidad son dos colectivos potencialmente vulnerables a la exclusión. Es lógico, por lo tanto, que si una persona es inmigrante y, además, tiene una discapacidad, cuenta con más posibilidades de encontrarse en una doble situación de exclusión. La escasa visibilidad del colectivo así lo demuestra: como hemos podido comprobar en nuestro estudio, existen muchas dificultades para localizar y contactar con estas personas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el perfil de este colectivo es muy heterogéneo, puesto que abarca desde aquellos que no tienen apenas recursos y que se encuentran en situaciones graves de exclusión hasta la población mayor dependiente procedente de países de la Unión Europea que llegan a España buscando unas mejores condiciones climáticas en las que pasar su jubilación.
Centrándonos principalmente en el primer grupo, en este estudio hemos encontrado factores de discriminación relevantes que se relacionan tanto con la condición de discapacidad como con la de inmigrante. El empleo, la educación, la atención sanitaria o la administración y gestión de documentos son los ámbitos en los que un mayor porcentaje de la población con discapacidad se ha sentido discriminada.
Pero no es fácil hablar de principales obstáculos en un colectivo que es heterogéneo también en su procedencia (de todos los continentes), en sus características migratorias y en tipos y grados de discapacidad. Los obstáculos que se puedan encontrar van a estar influidos por múltiples variables, entre las que destacan el encontrarse o no en situación regular, el nivel socioeducativo, la red social de apoyos que tengan en España, o el tiempo que lleven residiendo aquí.
Los inmigrantes con discapacidad vienen a España mediante una decisión que normalmente se germina en el núcleo familiar. Por lo general, llegan para mejorar su calidad de vida y su situación económica, por las oportunidades de empleo y para recibir una mejor atención para su discapacidad.
Aunque buena parte vienen a España para recibir mejor atención por su discapacidad, otros muchos (casi uno de cada cuatro inmigrantes) adquieren su discapacidad ya en nuestro país, debido a enfermedades y accidentes (laborales o de tráfico). Incluso un porcentaje reducido la adquiere en el trayecto migratorio, como aquellos que sufren lesiones discapacitantes en viajes en patera o cayuco.
En términos estrictamente cuantitativos, la discapacidad por siniestralidad laboral supone un porcentaje muy reducido sobre el total de los inmigrantes con discapacidad en España. Aunque en el estudio no se recogen diferenciados los accidentes laborales y los de otro tipo, apenas el 16% de la muestra analizada ha adquirido su discapacidad de esta manera. Sin embargo, son muy importantes cualitativamente, ya que la frecuente segmentación de los inmigrantes en el mercado de trabajo dentro de los empleos denominados “3P” (más peligrosos, más penosos y más precarios), hace que aumenten sus tasas de siniestralidad. Esta es una de las cuestiones que precisan una especial atención por parte de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que esta accidentabilidad puede ser incapacitante y que no siempre va a poder dar derecho a pensiones de invalidez, sobre todo entre aquellos que no tienen su situación regularizada.
Es por lo tanto la situación jurídica uno de los factores clave que influye en la integración objetiva de los inmigrantes con discapacidad, pues ésta es la que va a posibilitar o no el acceso a los recursos sanitarios y sociales especializados que precisen para su discapacidad. Dicho acceso también se va a ver condicionado por la existencia o no de redes de apoyo informales (que favorecerían su inclusión) y por la accesibilidad de la información dirigida a este colectivo, que por lo general, es susceptible de mejora.
Por lo tanto, para facilitar la integración social de este colectivo y el acceso a las atenciones y servicios que precisan, se necesitan mejorar los canales de coordinación entre los recursos especializados de inmigración y los de discapacidad, tanto del sector público como del privado, en el marco de actuaciones integrales e individualizadas. Asimismo, deberían establecerse mecanismos que facilitaran el acceso a la atención social o sanitaria especializada a aquellos inmigrantes con discapacidad que así lo precisaran aun sin tener regularizada su situación, atendiendo a los derechos humanos fundamentales.
Apelando a la universalidad de dichos derechos, se revela también fundamental que las actuaciones vayan encaminadas a mejorar y consolidar, mediante la cooperación al desarrollo, la atención especializada y la inclusión social de las personas con discapacidad en los países de origen, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, la cual ya ha sido ratificada por más de 120 países, entre los que se incluye España y algunos de los principales países de origen de los inmigrantes con discapacidad que hay en nuestro país.
(Artículo publicado en la revista digital Activa de la Seguridad Social)
Díaz, E., Huete, A., Huete M. A. y Jiménez, A. (2009): Las personas inmigrantes con discapacidad en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Colección Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración nº 20.
viernes, 24 de julio de 2009
La violencia de la patronal
En los últimos meses hemos asistido a un proceso de Diálogo Social entre Gobierno, patronal (CEOE y CEPYME) y sindicatos (CCOO y UGT), que si bien había seguido un camino harto tortuoso, ha terminado quebrándose abruptamente debido a las agresivas propuestas de la patronal y su más violenta aún postura negociadora. Siempre, con la connivencia del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Resulta particularmente lamentable esta acción patronal, teniendo en cuenta que han sido los propios empresarios, ya sea del ámbito financiero o de la construcción, los que han propiciado esta crisis o bien los que han hecho posible que la misma golpeara con especial virulencia en España. Por el contrario, los que han sufrido principalmente sus efectos han sido los trabajadores, prácticamente duplicándose el número de parados en el último año y medio, y deteriorándose o congelándose las condiciones laborales y salariales de aquellos que afortunadamente no han perdido su empleo.
La tibia respuesta inicial del Ejecutivo ante la crisis, financiando y apoyando a los bancos y a las empresas del sector de la construcción para que salieran a flote y dejando a los designios de éstas a los trabajadores, iba precedida de un llamamiento de Díaz Ferrán, caudillo patronal, a que se hiciera un “paréntesis en la economía de mercado”, para dar mayor protagonismo a la intervención estatal. No es que los empresarios se hubieran vuelto comunistas, claro está, sino que lo que solicitaban era una buena inyección de liquidez por parte del Estado, mediante el dinero aportado por los ciudadanos y sin ninguna contraprestación por su parte. Todo ello para poder perpetuar unos beneficios escandalosos al mínimo coste, que recordemos, no son obra excepcional de cuatro brokers y un pocero codicioso, sino que es condición necesaria e inherente al sistema económico capitalista, neoliberal y globalizador, que busca debilitar el Estado a su mínima expresión, como perro guardián de los intereses del capital, legislando y controlando a la población en beneficio de dichos intereses.
Pues bien, algunas de las principales propuestas que en forma de puñetazo a la negociación trasladaron a la Mesa del Diálogo Social, eran las siguientes:
§ Reducción del 5% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social, lo que supondría entre 15.000 y 18.000 millones de euros menos anuales en sus arcas, destinadas principalmente, como bien se sabe, al pago de las pensiones de la población inactiva y a la cobertura de las bajas laborales de los trabajadores. Tratan de debilitar la Seguridad Social, al mismo tiempo que lanzan profecías sobre su insostenibilidad más allá de 2015. Todo con la intención de que nos hagamos sus Planes de Pensiones privados, planes por otra parte volátiles dentro de la burbuja financiera en la que nos encontramos y que han hecho a muchas personas perder sus pequeños ahorros acumulados durante muchos años. Y de esta manera, continuar con su acumulación anónima de capital.
§ Otra propuesta era la de abaratar el despido a un máximo insostenible, mediante un contrato único de indemnización creciente, eufemísticamente llamado Contrato del Siglo XXI, que haría tan barato despedir que los trabajadores nos veríamos aún más expuestos a la explotación y la inseguridad laboral, esa que nos han disfrazado durante todo este tiempo de flexibilidad. ¿Cómo acabar con la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales? Para la patronal y algunos expertos de los think thank neoliberales (que acechan peligrosamente también en el ámbito académico y la administración pública) es muy sencillo: convertir a todos los trabajadores en carne de cañón, sujetos a la volatilidad de las fases de producción, o a los designios y antojos de un empresario, un gerente o cualquier otra autoridad tecnócrata de la empresa.
§ Pero no sólo abaratar el despido, sino que el llamado actualmente despido improcedente dejara de considerarse como tal, y estuviera fuera del arbitrio de los tribunales de justicia. Sencilla y llanamente, despido libre para todos. ¿Alguien se puede creer que la mejor manera de combatir el paro es mediante el despido libre? ¿Se puede pensar que si el despido es libre, se despedirá menos? Esta propuesta, como las demás, deja clara la visión de los trabajadores que tiene la CEOE. Para ellos no somos ciudadanos, sino recursos humanos, meras mercancías que se pueden comprar y vender; a veces una inversión, otras un objeto en desuso del que prescindir, en función de su productividad. Es la cosificación y la reducción de los derechos del ciudadano-trabajador a su mínima expresión, despojado de toda dignidad.
§ Por último, me gustaría mencionar otra de sus propuestas: sustituir a la Seguridad Social en el seguimiento de las bajas laborales, efectuándose en su lugar por la Mutua de cada empresa. Esta iniciativa también tiene un componente perversamente violento: pretende eliminar la neutralidad en el seguimiento de una baja por parte de la Seguridad Social por las Mutuas, que se encuentran al servicio de la empresa, con la intención de reducir al máximo el tiempo de baja, sin que necesariamente se garantice una recuperación digna de la salud del trabajador. Se trata, de nuevo, de reducir al máximo el derecho del trabajador a ponerse enfermo, y a ser tratado adecuadamente por ello, como cotizante a la Seguridad Social, cubriendo ésta prácticamente todas sus necesidades económicas durante el período de baja. Por mi propia experiencia personal, puedo imaginar con bastante clarividencia los efectos indeseables que tendría esta medida para los trabajadores, deteriorando significativamente su calidad de vida y dificultando su rehabilitación o mejora en la salud, sólo para reducir al máximo el tiempo de baja.
Como podemos ver, la postura de la Patronal no puede tacharse de otra manera que de acción violenta, una extorsión criminal hacia los trabajadores, destinada nada más y nada menos que a debilitar sus derechos sociales y laborales, ya de por sí exiguos, aprovechando una coyuntura económica adversa. Este chantaje nace con la única intención de seguir acumulando beneficios (que en muchas ocasiones van destinados a paraísos fiscales y/o no son declarados a Hacienda). No podemos olvidar que son los derechos sociales los que vertebran la ciudadanía y, por ende, el Estado; que son estos derechos sociales los que, tras décadas de lucha de los trabajadores de todo el mundo, los que nos han permitido obtener servicios públicos universales e iguales para todos: sanitarios, educativos, sociales… Como decía T. H. Marshall, son los que nos convierten en ciudadanos en igualdad de condiciones, frente a las desigualdades del sistema de clases capitalista.
Pero ni nace ni acaba todo en la mesa de negociación colectiva. Las luchas se expanden y se multiplican. Esa violencia del poder privado (como así la han denominado Pisarello y Assens en un artículo en Público el 19 de julio de 2009) se da si cabe con más fuerza y de un modo más directo, en el estiramiento de la jornada laboral de la mayoría de los trabajadores, en la congelación de los salarios y, sobre todo, en los despidos masivos por medio de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por empresas que han obtenido cuantiosos beneficios y con el beneplácito de la administración pública. Ayer mismo asistíamos al despido masivo de 698 trabajadores de NISSAN en Cataluña, mediante un ERE efectuado con el beneplácito del gobierno progresista de la Generalitat (Público, 31 de julio de 2009). Todo ello, de un día para otro, sin previo aviso, excepto para los afortunados que fueron avisados mediante una llamada telefónica la noche anterior. Por lo tanto, miles de personas, sumando a los familiares, sienten ahora mismo en sus propias carnes la violencia de una empresa que se ha beneficiado sustanciosamente de las ayudas públicas realizadas al sector del automóvil. La reacción espontánea de los trabajadores fue manifestarse en el centro de Barcelona, cortando el tráfico en el centro de la ciudad para hacer visible su situación injusta, chivos expiatorios de la lucha competitiva de la empresa en la que trabajaban. ¿Se solidarizarían los peatones con su causa?
Llegado a este punto cabe preguntarnos lo siguiente; ¿Es la patronal la única culpable de todo esto? Por supuesto que no. Ya hemos mencionado cómo el Gobierno ha tomado medidas frente a la crisis que sólo han servido para oxigenar a las empresas y a los bancos, sin tener efectos reales para los ciudadanos. Medidas destinadas a perpetuar un modelo, más que a cambiarlo. No cabe duda de ello si tenemos en cuenta que además de estos paquetes de medidas anticrisis, se ha reducido en los últimos años el Impuesto de Sociedades a las empresas, así como suprimido el Impuesto de Patrimonio, argumentando que era inútil e ineficaz, en tanto que las grandes fortunas acaparadoras de patrimonio y bienes inmuebles hábilmente se los saltaban. Por lo tanto, eliminan este impuesto, en lugar de financiar la lucha contra semejantes delitos fiscales, que cada año reducen en miles de millones de euros la recaudación de las arcas del Estado. Resultado: una de las presiones fiscales más bajas de Europa, y cada vez más desigual y menos redistributiva.
Pero también son los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, USO), en parte culpables de esta situación. Sus ataduras a este Gobierno (y a los anteriores), así como a la patronal, son más que evidentes. Lo podemos comprobar al observar su estrategia de negociación en la mesa del Diálogo Social, o en las diferentes negociaciones colectivas de las que forman parte. Éstos, no buscan tanto mejorar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, como conservar los derechos y condiciones ya existentes, por muy débiles que sean, siempre dispuestos a ceder en sus reivindicaciones de que todo siga como está, para llegar a un acuerdo que se selle con foto y apretón de manos.
Frente a esta crisis y frente a la acción violenta del poder privado (en forma de paro y precariedad laboral), se necesita una acción colectiva, contundente y reivindicativa por parte de los trabajadores. No sólo para conservar lo que ya tenemos, sino para aspirar a mejoras sociales y laborales, para fortalecer y ampliar nuestros derechos sociales universales e inalienables y garantizar y mejorar unos servicios públicos deteriorados por la privatización neoliberal que asola a nuestras administraciones. ¿Será esto posible? ¿Son viables en este contexto las movilizaciones y manifestaciones masivas, las huelgas generales? Nos encontramos con una clase trabajadora cada vez más desunida, que no se identifica con los sindicatos mayoritarios ni cree que éstos realmente luchen por los intereses de los trabajadores. La atomización y segmentación laboral debilita la lucha sindical de clase, frente al auge del corporativismo de los colegios profesionales. Pero es ahora, más que nunca, cuando se necesita esa acción colectiva de los trabajadores, que reivindiquen unidos sus derechos por medio de sindicatos o cualesquiera otras formas de organización que defiendan realmente sus intereses comunes. La participación pública, activa y solidaria, es la que nos identifica como ciudadanos, la que fortalece y hace real la democracia, la que posibilita los cambios sociales. Hagamos lo posible, entonces, para que nos escuchen.
Resulta particularmente lamentable esta acción patronal, teniendo en cuenta que han sido los propios empresarios, ya sea del ámbito financiero o de la construcción, los que han propiciado esta crisis o bien los que han hecho posible que la misma golpeara con especial virulencia en España. Por el contrario, los que han sufrido principalmente sus efectos han sido los trabajadores, prácticamente duplicándose el número de parados en el último año y medio, y deteriorándose o congelándose las condiciones laborales y salariales de aquellos que afortunadamente no han perdido su empleo.
La tibia respuesta inicial del Ejecutivo ante la crisis, financiando y apoyando a los bancos y a las empresas del sector de la construcción para que salieran a flote y dejando a los designios de éstas a los trabajadores, iba precedida de un llamamiento de Díaz Ferrán, caudillo patronal, a que se hiciera un “paréntesis en la economía de mercado”, para dar mayor protagonismo a la intervención estatal. No es que los empresarios se hubieran vuelto comunistas, claro está, sino que lo que solicitaban era una buena inyección de liquidez por parte del Estado, mediante el dinero aportado por los ciudadanos y sin ninguna contraprestación por su parte. Todo ello para poder perpetuar unos beneficios escandalosos al mínimo coste, que recordemos, no son obra excepcional de cuatro brokers y un pocero codicioso, sino que es condición necesaria e inherente al sistema económico capitalista, neoliberal y globalizador, que busca debilitar el Estado a su mínima expresión, como perro guardián de los intereses del capital, legislando y controlando a la población en beneficio de dichos intereses.
Pues bien, algunas de las principales propuestas que en forma de puñetazo a la negociación trasladaron a la Mesa del Diálogo Social, eran las siguientes:
§ Reducción del 5% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social, lo que supondría entre 15.000 y 18.000 millones de euros menos anuales en sus arcas, destinadas principalmente, como bien se sabe, al pago de las pensiones de la población inactiva y a la cobertura de las bajas laborales de los trabajadores. Tratan de debilitar la Seguridad Social, al mismo tiempo que lanzan profecías sobre su insostenibilidad más allá de 2015. Todo con la intención de que nos hagamos sus Planes de Pensiones privados, planes por otra parte volátiles dentro de la burbuja financiera en la que nos encontramos y que han hecho a muchas personas perder sus pequeños ahorros acumulados durante muchos años. Y de esta manera, continuar con su acumulación anónima de capital.
§ Otra propuesta era la de abaratar el despido a un máximo insostenible, mediante un contrato único de indemnización creciente, eufemísticamente llamado Contrato del Siglo XXI, que haría tan barato despedir que los trabajadores nos veríamos aún más expuestos a la explotación y la inseguridad laboral, esa que nos han disfrazado durante todo este tiempo de flexibilidad. ¿Cómo acabar con la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales? Para la patronal y algunos expertos de los think thank neoliberales (que acechan peligrosamente también en el ámbito académico y la administración pública) es muy sencillo: convertir a todos los trabajadores en carne de cañón, sujetos a la volatilidad de las fases de producción, o a los designios y antojos de un empresario, un gerente o cualquier otra autoridad tecnócrata de la empresa.
§ Pero no sólo abaratar el despido, sino que el llamado actualmente despido improcedente dejara de considerarse como tal, y estuviera fuera del arbitrio de los tribunales de justicia. Sencilla y llanamente, despido libre para todos. ¿Alguien se puede creer que la mejor manera de combatir el paro es mediante el despido libre? ¿Se puede pensar que si el despido es libre, se despedirá menos? Esta propuesta, como las demás, deja clara la visión de los trabajadores que tiene la CEOE. Para ellos no somos ciudadanos, sino recursos humanos, meras mercancías que se pueden comprar y vender; a veces una inversión, otras un objeto en desuso del que prescindir, en función de su productividad. Es la cosificación y la reducción de los derechos del ciudadano-trabajador a su mínima expresión, despojado de toda dignidad.
§ Por último, me gustaría mencionar otra de sus propuestas: sustituir a la Seguridad Social en el seguimiento de las bajas laborales, efectuándose en su lugar por la Mutua de cada empresa. Esta iniciativa también tiene un componente perversamente violento: pretende eliminar la neutralidad en el seguimiento de una baja por parte de la Seguridad Social por las Mutuas, que se encuentran al servicio de la empresa, con la intención de reducir al máximo el tiempo de baja, sin que necesariamente se garantice una recuperación digna de la salud del trabajador. Se trata, de nuevo, de reducir al máximo el derecho del trabajador a ponerse enfermo, y a ser tratado adecuadamente por ello, como cotizante a la Seguridad Social, cubriendo ésta prácticamente todas sus necesidades económicas durante el período de baja. Por mi propia experiencia personal, puedo imaginar con bastante clarividencia los efectos indeseables que tendría esta medida para los trabajadores, deteriorando significativamente su calidad de vida y dificultando su rehabilitación o mejora en la salud, sólo para reducir al máximo el tiempo de baja.
Como podemos ver, la postura de la Patronal no puede tacharse de otra manera que de acción violenta, una extorsión criminal hacia los trabajadores, destinada nada más y nada menos que a debilitar sus derechos sociales y laborales, ya de por sí exiguos, aprovechando una coyuntura económica adversa. Este chantaje nace con la única intención de seguir acumulando beneficios (que en muchas ocasiones van destinados a paraísos fiscales y/o no son declarados a Hacienda). No podemos olvidar que son los derechos sociales los que vertebran la ciudadanía y, por ende, el Estado; que son estos derechos sociales los que, tras décadas de lucha de los trabajadores de todo el mundo, los que nos han permitido obtener servicios públicos universales e iguales para todos: sanitarios, educativos, sociales… Como decía T. H. Marshall, son los que nos convierten en ciudadanos en igualdad de condiciones, frente a las desigualdades del sistema de clases capitalista.
Pero ni nace ni acaba todo en la mesa de negociación colectiva. Las luchas se expanden y se multiplican. Esa violencia del poder privado (como así la han denominado Pisarello y Assens en un artículo en Público el 19 de julio de 2009) se da si cabe con más fuerza y de un modo más directo, en el estiramiento de la jornada laboral de la mayoría de los trabajadores, en la congelación de los salarios y, sobre todo, en los despidos masivos por medio de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por empresas que han obtenido cuantiosos beneficios y con el beneplácito de la administración pública. Ayer mismo asistíamos al despido masivo de 698 trabajadores de NISSAN en Cataluña, mediante un ERE efectuado con el beneplácito del gobierno progresista de la Generalitat (Público, 31 de julio de 2009). Todo ello, de un día para otro, sin previo aviso, excepto para los afortunados que fueron avisados mediante una llamada telefónica la noche anterior. Por lo tanto, miles de personas, sumando a los familiares, sienten ahora mismo en sus propias carnes la violencia de una empresa que se ha beneficiado sustanciosamente de las ayudas públicas realizadas al sector del automóvil. La reacción espontánea de los trabajadores fue manifestarse en el centro de Barcelona, cortando el tráfico en el centro de la ciudad para hacer visible su situación injusta, chivos expiatorios de la lucha competitiva de la empresa en la que trabajaban. ¿Se solidarizarían los peatones con su causa?
Llegado a este punto cabe preguntarnos lo siguiente; ¿Es la patronal la única culpable de todo esto? Por supuesto que no. Ya hemos mencionado cómo el Gobierno ha tomado medidas frente a la crisis que sólo han servido para oxigenar a las empresas y a los bancos, sin tener efectos reales para los ciudadanos. Medidas destinadas a perpetuar un modelo, más que a cambiarlo. No cabe duda de ello si tenemos en cuenta que además de estos paquetes de medidas anticrisis, se ha reducido en los últimos años el Impuesto de Sociedades a las empresas, así como suprimido el Impuesto de Patrimonio, argumentando que era inútil e ineficaz, en tanto que las grandes fortunas acaparadoras de patrimonio y bienes inmuebles hábilmente se los saltaban. Por lo tanto, eliminan este impuesto, en lugar de financiar la lucha contra semejantes delitos fiscales, que cada año reducen en miles de millones de euros la recaudación de las arcas del Estado. Resultado: una de las presiones fiscales más bajas de Europa, y cada vez más desigual y menos redistributiva.
Pero también son los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, USO), en parte culpables de esta situación. Sus ataduras a este Gobierno (y a los anteriores), así como a la patronal, son más que evidentes. Lo podemos comprobar al observar su estrategia de negociación en la mesa del Diálogo Social, o en las diferentes negociaciones colectivas de las que forman parte. Éstos, no buscan tanto mejorar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, como conservar los derechos y condiciones ya existentes, por muy débiles que sean, siempre dispuestos a ceder en sus reivindicaciones de que todo siga como está, para llegar a un acuerdo que se selle con foto y apretón de manos.
Frente a esta crisis y frente a la acción violenta del poder privado (en forma de paro y precariedad laboral), se necesita una acción colectiva, contundente y reivindicativa por parte de los trabajadores. No sólo para conservar lo que ya tenemos, sino para aspirar a mejoras sociales y laborales, para fortalecer y ampliar nuestros derechos sociales universales e inalienables y garantizar y mejorar unos servicios públicos deteriorados por la privatización neoliberal que asola a nuestras administraciones. ¿Será esto posible? ¿Son viables en este contexto las movilizaciones y manifestaciones masivas, las huelgas generales? Nos encontramos con una clase trabajadora cada vez más desunida, que no se identifica con los sindicatos mayoritarios ni cree que éstos realmente luchen por los intereses de los trabajadores. La atomización y segmentación laboral debilita la lucha sindical de clase, frente al auge del corporativismo de los colegios profesionales. Pero es ahora, más que nunca, cuando se necesita esa acción colectiva de los trabajadores, que reivindiquen unidos sus derechos por medio de sindicatos o cualesquiera otras formas de organización que defiendan realmente sus intereses comunes. La participación pública, activa y solidaria, es la que nos identifica como ciudadanos, la que fortalece y hace real la democracia, la que posibilita los cambios sociales. Hagamos lo posible, entonces, para que nos escuchen.
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